Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, diputado local del Partido Verde Ecologista de México y presidente de la comisión de justicia y puntos constitucionales , habló con Veracruz en Linea sobre la reforma aprobada en la última sesión del periodo ordinario, el cual concluyó la semana antepasada. El dictamen fue elaborado por la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales y se derivó de tres iniciativas presentadas en el Congreso, además de armonizar la «Ley 3 de3».
Explicó que realizaron una adecuación particular en términos del artículo 116 de la Constitución, el cual permite armonizar las reformas federales. De esta manera, se incluyó el artículo 18 Bis en la Constitución de la Carta Magna de Veracruz. En este artículo se establece un catálogo de delitos por los cuales una persona no puede ser servidor público, no solo como candidato a diputado local, gobernador, magistrado o presidenta municipal, sino también para cargos en la administración pública municipal o estatal, o en organismos públicos del poder.
Asimismo, mencionó que la Ley Tres de Tres impide acceder a cargos públicos a deudores alimentarios y personas con antecedentes de violencia política de género, siempre que estén inscritos en el padrón de violentadores del organismo público local electoral o a nivel federal.
También habló sobre la reinserción social para quienes paguen sus deudas alimentarias y cumplan con las penas correspondientes a estos delitos, quienes, tras cumplir con sus obligaciones, podrán participar nuevamente en la vida pública. El objetivo, afirmó, es que quienes sirvan a los veracruzanos tengan un respeto elemental por los derechos humanos, y especialmente por los derechos de niñas y niños.
El diputado recalcó la importancia de esta ley, señalando que muchos violentadores buscan respaldo legal al convertirse en servidores públicos, con el fin de establecer vínculos políticos y evadir el cumplimiento de la normatividad y sus obligaciones. Por ello, esta reforma busca garantizar que los servidores públicos, tanto estatales como municipales, tengan al menos una responsabilidad moral y ciudadana para cumplir con sus obligaciones alimentarias.
Finalmente, el diputado local del PVEM mencionó que, para cualquier denuncia, se debe acudir al Padrón Nacional de Deudores Alimentarios, el cual es nutrido por el DIF nacional, el DIF estatal, y directamente por los juzgados de Veracruz y los juzgados federales. Esto hace que el proceso sea sencillo, ya que al denunciar al deudor alimentario, el Estado Mexicano, mediante sus sistemas de coordinación federal y estatal, integra automáticamente a los denunciados a dichos padrones. Así, la Constitución les impide ser candidatas o candidatos a cargos públicos.