La diputada Miriam García Guzmán presentó un Anteproyecto de Punto de Acuerdo para exhortar al Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE) para que implemente capacitaciones regionales a las mujeres electas para encabezar las agencias municipales en Veracruz en materia de legislación, derechos y obligaciones del cargo y protocolos de defensa ante la violencia política en razón de género.
En su intervención durante la Sexta Sesión del Segundo Periodo Ordinario, la legisladora recordó que el estado de Veracruz concluyó recientemente el proceso de renovación de más de cinco mil agencias y subagencias municipales, en el que, dijo, el principio de paridad de género fue un elemento central y vinculante en la postulación e integración de estas figuras de autoridad.
Se refirió a las mujeres que obtuvieron el voto y ocuparán el cargo a pesar de las resistencias sociales de su entorno. Reconoció el liderazgo de quienes por años han trabajado de forma comunitaria y ahora “asumen una responsabilidad formal con una voluntad inquebrantable de servir a sus localidades”.
Sin embargo, también señaló que existe temor a que el desconocimiento técnico de la norma jurídica, de sus facultades administrativas y de sus propios derechos político-electorales limite el impacto de su gestión. Muchas de estas mujeres “expresan que, aunque conocen las necesidades de su gente, requieren herramientas institucionales para no incurrir en omisiones y para ejercer su cargo con seguridad y eficacia” y “esta falta de herramientas institucionales las coloca en una situación de vulnerabilidad ante posibles intentos de desplazamiento o violencia política”.
La diputada consideró que “capacitarlas no es solo un trámite administrativo, es un acto de legalidad y respeto a la lucha de todas las que abrieron brecha antes que nosotras, es asegurar que el mandato que su pueblo les entregó en las urnas sea ejercido con dignidad, seguridad y autonomía”.
Por último, Miriam García valoró como oportuno y apremiante que el OPLE despliegue capacitaciones regionales en las que se les proporcionen las herramientas necesarias en materia de derecho municipal, transparencia, derechos humanos y prevención de la violencia política, permitiéndoles ejercer su autoridad con seguridad y autonomía.